Si se aplicara en todas las comunidades, la reducción de la jornada laboral de los funcionarios autonómicos desde 37,5 a 35 horas tendría un coste de más 3.000 millones. Por tanto, los gobiernos de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco, que abogan por su implantación, se equivocan al pensar que este camino sale gratis.
La reducción obliga a contratar trabajadores para reemplazar las horas que dejan los titulares de la plaza, máxime si se trata de empleados de Sanidad o Educación, donde es imposible mantener el nivel de calidad sin suplencias. En concreto, la medida esconde un alza del 4% del actual gasto de personal, lo que es contraproducente en un momento en el que alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas resulta prioritario.
