El Supremo avala la reconversión de la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada en centro logístico, así como la readmisión de los trabajadores. La decisión resuelve un conflicto que los sindicatos iniciaron con la exigencia de que la planta volviera a ser una embotelladora. Ante la sobrecapacidad de producción, la empresa se negó y la respuesta sindical fue ejercer un bloqueo que hacía que el centro solo rindiera al 5% de su potencial, mientras iniciaban una campaña de descrédito basada en falsedades.
La Justicia les propina un fuerte revés al demostrar que la fábrica cumple la ley y Coca-Cola respeta las condiciones laborales previas al ERE anulado. Se pone así fin a un bloqueo sindical intolerable, elevando las perspectivas de futuro de la planta.
