Dos recientes decisiones del Tribunal Supremo dan la razón al sector eléctrico y obligan al Ministerio de Energía a incrementar los costes de algunas de las partidas de la tarifa eléctrica de los últimos años. En concreto, habrá que revisar las relativas a la retribución de las pequeñas distribuidoras y los intereses por el déficit de tarifa eléctrico del año 2013.
Al igual que lo ocurrido con el bono social o la retribución de los purines, para el Alto Tribunal, el sector energético tiene razón en unas denuncias cuya repercusión económica resulta difícil de cuantificar. En cualquier caso, los costes añadidos a los que tendrá que hacer frente el Gobierno en los próximos meses amenazan con devolver las cuentas del sector eléctrico a los números rojos.
Como es lógico, el Ejecutivo no debe hacer otra cosa que cumplir las sentencias del Supremo, aunque éstas pongan en entredicho parte de lo redactado en la reforma energética. Pero esas anomalías no deben hacer olvidar los beneficios obtenidos por una norma que, entre otras cosas, logró que el sistema eléctrico tuviera superávit en 2015, tras más de 15 años de pérdidas. Conviene no poner en peligro este logro, por lo que el Gobierno y el sector eléctrico deben combinarse en el cumplimiento de la sentencia con la puesta en marcha de medidas complementarias, que de algún modo compensen ese despertar del déficit de tarifa.
Por tanto, urge incrementar la vigilancia de cara a evitar que una desviación, que quizá pueda ser asumida por el conjunto del sistema, se descontrole. Y es que la clave fundamental es que estas sentencias no sirvan de excusa para caer en los errores del pasado y asumir el aumento del déficit como un hecho consumado y aceptado.
