El Gobierno avanza en la definición del nuevo reglamento del bono social, el descuento en el recibo eléctrico para familias en riesgo de exclusión. La norma contiene un indudable avance como es establecer un criterio de renta al que deben sujetarse sus beneficiarios. La introducción de ese baremo es crucial para evitar abusos. Con todo, el reglamento todavía puede generar conflictos.
El Supremo rechaza que el bono sea financiado sólo por las grandes eléctricas. En el futuro, serán todas las comercializadoras las que lo sufraguen, pero es posible que se pueda alegar una nueva discriminación, ya que aún son muchos los actores del sistema eléctrico que no participan. La única solución estriba en que el Gobierno asuma que el bono es una ayuda social que compete al Estado.
