El Gobierno da un nuevo paso en el contencioso que mantiene con TP Ferro, gestora del túnel del AVE a Francia, participada al 50% por ACS y la gala Eiffage. La semana pasada, el Consejo de Ministros decidió rescindir el contrato con la concesionaria, ya en liquidación, de modo que la gestión del túnel queda en manos de los Estados francés y español, lo que garantiza el mantenimiento del servicio.
Pero el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, llegó ayer más lejos en el Congreso, al asegurar que se niega a desembolsar los 485 millones que TP Ferro reclama, invocando la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). La decisión de De la Serna tiene bases sólidas.
En primer lugar, la RPA no tiene un equivalente en la legislación francesa que fuerce a París a asumir gastos de la manera que TP Ferro persigue. En segundo lugar, como el ministro resaltó, cabe acusar a la concesionaria de "incumplimiento de contrato". No en vano ella es la responsable de no poder atender el servicio que se le encargó, ya que en ningún año logró cubrir sus propias expectativas de ingresos.
Por último, es conocido que ACS buscó premeditamente un rescate público. En 2015 reclamó 100 millones a fondo perdido a Fomento y, al no obtenerlos, pidió el preconcurso de TP Ferro. Más tarde, siguió presionando con la amenaza de una liquidación que llegó este año. Fomento siempre mostró una firmeza que aún debe mantener.
Es posible que París y Madrid acaben pagando un mínimo, pues han absorbido una obra ya terminada y en funcionamiento. Pero acceder a las exigencias de TP Ferro equivaldría a aceptar la injusticia de que la Administración corra con todos los riesgos y costes de una infraestructura que se reveló fallida.
