El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha recurrido a una estrategia de defensa muy elemental en el juicio abierto con motivo del uso de tarjetas de crédito opacas a Hacienda (black) en la entidad que dirigió. Así, Blesa, junto a otros acusados, se ha limitado a alegar que heredó ese sistema de retribución para directivos de su antecesor en el cargo, Jaime Terceiro, y que, por tanto, es a este último a quien compete rendir cuentas de las presuntas ilegalidades.
En efecto, las tarjetas fueron creadas en 1988, bajo el mandato de Terceiro, y así lo expuso él mismo en la Audiencia Nacional y lo demuestran las actas del consejo de la caja relativas a ese año. Ahora bien, el análisis de esos mismos documentos en ejercicios posteriores demuestra que ese medio de pago estuvo claramente acotado en cuanto a su uso.
Así, las actas del consejo fechadas el 30 de octubre de 1995 son taxativas a la hora de señalar que las tarjetas debían usarse "exclusivamente para gastos de representación". Esa limitación explicaría, como señaló Terceiro, el hecho de que, durante años, la factura mensual de los titulares de las mismas no excediera de los 300 euros. En nada se concilia ese escenario con lo que ocurrió bajo el mandato de Blesa, cuando los "gastos de representación" se vieron desbordados por desembolsos de toda índole, relacionados con la vida personal de los consejeros, que llegaron a sumar cientos de miles de euros.
Sin duda, Blesa heredó este sistema de retribución, pero todo apunta a que, lejos de contentarse con continuarlo en los mismos términos, se empleó a fondo a la hora de corromperlo y hacerlo opaco, convirtiéndolo en un medio para asegurar su poder en la caja.
