Hace un año los laboratorios y el Gobierno firmaron un protocolo para racionalizar el gasto público en fármacos. El método vincula el avance de ese desembolso con el propio del PIB. Si se sobrepasa, los laboratorios deben pagar a Hacienda. Ahora, la factura rebasa en 415 millones el límite acordado, por lo que la industria deberá compensar el desfase.
Si hay desequilibrio es porque la interinidad política frenó la toma de decisiones para paliar el exceso de gasto. Es de esperar, que, con un Ejecutivo ya formado, el resultado en años posteriores sea diferente. En todo caso, conviene preservar un protocolo que controla el gasto farmacéutico de forma adecuada, pues aporta estabilidad a los laboratorios, en cuanto a ingresos, y permite cumplir los objetivos de déficit.
