El Ministerio de Economía enfría la absorción de BMN por parte de Bankia para fusionar así las dos entidades nacionalizadas. La tibia acogida que el proyecto ha tenido, tanto en la Comisión Europea como en el BCE, y las críticas del sector están detrás de la decisión.
Las conclusiones de la visita que miembros de Bruselas realizaban a España no solo obviaba por completo la idea de la fusión, sino que apremiaba al Ejecutivo a acelerar la privatización de sendas nacionalizadas. Es decir, daban a entender que preferían una venta de las mismas a terceros más que una unión.
A estos recelos se sumaron los de la banca, cuyos principales ejecutivos mostraron públicamente su oposición a que Bankia se fusionara con BMN y reclamaban una subasta competitiva para que todo el sector, y no solo la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzari, tuviera las mismas oportunidades. De lo contrario, la banca considera que las reglas de juego se alteraban dando ventaja a Bankia.
Las precisiones de unos y otros han de ser tomadas en consideración por el Gobierno, que necesita redoblar esfuerzos para lograr que este proceso sea transparente y no repita errores pasados, que tan caros han salido. La falta de rigor de entonces tiene mucho que ver con que ambas entidades hayan tenido que recibir ayudas que ascienden a 24.000 millones (casi 22.500 millones sólo para Bankia) para sobrevivir.
El Gobierno hará bien en dar la oportunidad a todas las entidades interesadas de cara a recibir la mejor oferta por BMN. Será clave para que se recupere la mayor cantidad posible del dinero que se invirtió en la nacionalización. Al mismo tiempo, un proceso transparente también servirá para garantizar que se respeten los intereses de los accionistas minoritarios.
