
Una de las más importantes asignaturas pendientes de la penúltima legislatura fue la reforma de un sistema de financiación lesivo para las autonomías. La Comunidad Valenciana lo sufre con la intensidad que caracteriza al injusto trato del arco mediterráneo.
De hecho, el presidente valenciano, Ximo Puig, se presentó en Madrid con datos, y con el aval de las principales organizaciones civiles y sociales, para mostrar la injusticia que supone que reciba la menor aportación del sistema "pese a contar con una renta per cápita inferior a la media". Puig tiene razón al poner en evidencia un problema que no es sólo valenciano. Tras varias décadas, es claro que urge reformar un sistema que evita que las autonomías que más riqueza y empleo generan se beneficien de esa actividad.