El presidente interino, Mariano Rajoy, disipó ayer el amargo sabor de boca que dejó la reunión de la Ejecutiva del PP el miércoles. Por fin, aclaró el posicionamiento de su partido ante las seis condiciones que Ciudadanos estableció para apoyar en el Congreso su investidura.
Esas exigencias, de corte regeneracionista y destinadas a combatir la corrupción, eran razonables y el jefe del Ejecutivo acierta al asumirlas. De este modo, queda abierta una amplia vía para continuar el diálogo con Ciudadanos y extenderlo, desde hoy mismo, a ámbitos como la economía y el empleo.
El partido naranja es un socio fiable para preservar las reformas en esos ámbitos que han devuelto la credibilidad internacional a España, y han ayudado a que se produzcan hitos como la nueva caída de la prima de riesgo por debajo de los 100 puntos básicos. No menos importancia tiene el hecho de que Rajoy también se avino a la exigencia de Ciudadanos de no demorar más la convocatoria del debate de investidura.
Éste tendrá lugar el día 30 de agosto, una fecha razonable, en la medida en que aún hace posible la aprobación del techo de gasto de los nuevos Presupuestos, y la discusión parlamentaria de los mismos, antes de que la ley obligue a prorrogar las cuentas de 2016.
Además, la segunda vuelta de la investidura concluirá a las puertas de la campañas electorales vasca y gallega, lo que añade presión al PSOE, aún empecinado en mantener su no a Rajoy. Así, los socialistas se arriesgan a concurrir a esos comicios retratados como el partido que abocó al país a unas terceras elecciones el 25 de diciembre. Corresponde, por tanto, a Pedro Sánchez mostrar su sentido de Estado, ahora que Rajoy ya ha dado los pasos adecuados para acabar con el bloqueo político.
