Varios miembros de la Secretaría de Estado de Empleo mantuvieron esta semana una tensa reunión con CEOE. Los representantes del Gobierno hablaron de la posibilidad de paralizar la oferta de cursos para parados y trabajadores este año, ante la necesidad de recortar gasto. Pero lo que originó el conflicto fue el hecho de que, en futuras convocatorias, se excluirá a sindicatos y patronales de los órganos de control de las mismas, de modo que esa labor la ejerza en exclusiva el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Pese a la indignación generada en CEOE, cabe ver en esta decisión un paso lógico para modificar un mecanismo que ya no puede sostenerse más. El hecho de que los agentes sociales diseñen, y controlen, los cursos que ellos mismos imparten ha sido el medio ambiente idóneo para que surjan los intolerables casos de corrupción que tanto han escandalizado a la sociedad.
Sin duda, no es el propósito de Empleo caer en maximalismos que lleven a aislar completamente a patronales y sindicatos de una actividad como la formativa. Ambos cuentan con unas estructuras y un conocimiento del sector que deben aprovecharse y, por ello, se les reconoce un papel destacado como asesores.
Lo que se pretende atajar de raíz es el monopolio de facto que los representantes de los trabajadores y los empresarios han ejercido sobre las labores formativas, hasta el punto de que los cobros obtenidos por ellas se convirtieron en su fuente primaria de ingresos.
Los agentes sociales deben acceder a tales labores en régimen de libre competencia (sin privilegios en el control o financiación de los cursos) mientras que los recursos para su sostenimiento como organizaciones tienen que provenir de las cuotas de sus afiliados.
