La deuda pública continúa una escalada en la que las autonomías son un motor clave. Éstas situaron su pasivo en un nivel récord el pasado trimestre, el equivalente al 24,3% del PIB. El problema de la falta de contención afecta a territorios de todo signo, desde Castilla y León hasta Aragón, pasando por Cataluña, pero es en esta última donde adopta dimensiones especialmente graves. No en vano acapara una cuarta parte del total del pasivo regional y el lastre crece a tasas superiores al 10%.
Mantener esta evolución supone una grave irresponsabilidad de la Generalitat, ya que es la mejor garantía de que las degradaciones de la calificación de su deuda seguirán. Acabará así situándose en impago, lo que implica la pérdida de toda credibilidad en el mercado.
