Adif afronta reclamaciones judiciales que superan los 450 millones, y que constituyen la respuesta de las constructoras afectadas por los retrasos, y en algunos casos la parálisis, de obras relacionadas con el AVE. Son varias las sentencias favorables que los demandantes han obtenido, por lo que el operador ferroviario reaccionó multiplicando por 20 en 2015 sus provisiones para posibles reveses en los tribunales, hasta sumar casi 200 millones. Sin embargo, no se resolverá así el problema.
Éste persistirá mientras sigan llevándose a cabo adjudicaciones que toleran bajas en las ofertas superiores al 50%. Esa temeridad suele saldarse con sobrecostes que la Administración acaba asumiendo y que perjudican al déficit público y al bolsillo de los contribuyentes.
