En 2015, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, se empecinó en convertir las elecciones de septiembre en un plebiscito sobre la independencia. Ese afán suponía arrastrar a la histórica coalición conservadora CiU a un pacto contra natura con ERC y los movimientos civiles secesionistas, para formar Junts pel Sí.
Tan forzado viraje ocasionó la ruptura de la coalición y la condena de Uniò a la irrelevancia. El fracaso de la lista unitaria, ya que se le escapó la mayoría absoluta de escaños y de votos, no impidió a los líderes de Convergència (CDC) ahondar su deriva independentista, llegando a un extremo descabellado.
Así, el partido tradicional de la burguesía catalana buscó el apoyo de una fuerza radical anticapitalista como es la CUP. Una incoherencia semejante sólo podía prosperar pagando el peaje de otra profunda convulsión interna y así esta ocurriendo: los integrantes de su ala más liberal se ven relegados. Nombres como los de los exconsellers Antoni Fernández Teixidó o Andreu Mas-Colell se unen, entre otros, al propio de la diputada Inmaculada Riera en la lista de destacadas figuras del partido que pierden relevancia.
Con estos movimientos, la cúpula de CDC demuestra hasta qué punto se halla dispuesta a ceder a las presiones de sus aliados independentistas, traicionando así a su electorado tradicional y sus raíces ideológicas. Pero Convergència no sólo se perjudica a sí misma, al desvirtuar su identidad.
La pérdida de terreno que los defensores del liberalismo sufren, frente a los secesionistas partidarios de los altos impuestos y el intervencionismo, sólo animará a las empresas a acelerar su éxodo hacia otros territorios al tiempo que agravará la situación de la economía catalana.
