El comportamiento que el Impuesto de Sociedades presenta sólo puede considerarse decepcionante. En un año como 2015, en el que el PIB disfrutó de un crecimiento propio de los años anteriores a la crisis, su recaudación avanzó un 10,6%, pero esa expansión no impidió que aportase a las arcas públicas casi 3.000 millones menos de lo esperado por Hacienda, contribuyendo así a agrandar el déficit público.
En lo que llevamos de 2016, su desempeño es más preocupante, en la medida en que la recaudación incluso descendió en enero y febrero pasados. En consecuencia, los expertos alertan de que ya es una posibilidad real que el ejercicio termine arrojando una bajada con respecto a 2015.
Ante estos datos, un examen superficial, concluiría que la reforma fiscal está mal orientada, en la medida en que bajó el tipo nominal al que las grandes empresas, que deberían cotizar al tipo medio del 25%, el mismo que las pymes. Además, en algunas microempresas el gravamen queda en el 20% y en el 15%, para emprendedores. Sin embargo, el problema no está en las bajadas de impuestos. Cuando la gran empresa, en teoría, tributaba entre el 28% y el 30%, en realidad su carga fiscal media rondaba los 6 puntos porcentuales.
Ese es el fruto de la vigencia de una maraña mal diseñada de deducciones, responsables de que Sociedades sea el impuesto al que más le está costando volver a los niveles previos a la crisis. Lo urgente, por tanto, es tapar los agujeros que la propia legislación abría para socavar la recaudación, con independencia del nivel que alcanzasen los tipos nominales. La clave no se encuentra en un impuesto más alto sino en uno que funcione con eficiencia.
