El auto de apertura de juicio oral contra los antiguos directivos de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) llamó la atención a causa de la cuantiosa fianza que impone la Audiencia Nacional. La juez Lamela reclama casi 1.600 millones, que deben reunirse en 24 horas.
Se trata de una exigencia que demuestra hasta qué punto la magistrada considera elevada la responsabilidad civil de los exdirectivos de CAM en la quiebra de la entidad financiera, la cual motivó la posterior intervención por parte del Estado. No en vano, los delitos que se les imputan son de extrema gravedad, por lo que tienen que investigarse hasta sus últimas consecuencias. La ley prevé penas de hasta siete años de prisión que, si se demuestra la culpabilidad, deberán aplicarse.
