Los papeles de Panamá delatan la relación de destacadas personalidades españolas con empresas opacas panameñas. Hacienda investiga ya si hay delito y está por definirse cuáles deben ser las consecuencias para cargos públicos como el comisario Arias Cañete, cuya esposa aparece en los documentos. Lo único cierto es que Panamá puede no colaborar.
El accionariado de sus empresas es secreto y revelarlo exige una autorización que puede negarse si el Gobierno duda de la legalidad de la investigación. Es la consecuencia de que no exista un pacto España-Panamá de transmisión automática de datos. Sólo hay un acuerdo contra la doble imposición fiscal que, sorprendentemente, bastó para que el Gobierno, en 2011, dejara de considerar al país del Canal un paraíso fiscal.