Las negociaciones políticas para formar Gobierno se reiniciaron ayer oficialmente con la entrevista que mantuvieron el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y su homólogo de Podemos, Pablo Iglesias. Este último buscó crear un clima cordial, muy diferente a los desplantes que se permitió antes de la fallida investidura de Sánchez. Sin duda, a ambos líderes les beneficia buscar ahora un acercamiento que eclipse las crisis internas que sus respectivos partidos afrontan.
Puede estar más cerca, por tanto, el pacto PSOE-Podemos, dejando a un lado a Ciudadanos, que tan justificados temores ha despertado desde el momento en que el rompecabezas político derivado del 20-D lo hizo factible. La certeza de que esa alianza supondrá una reversión de las reformas, sobre todo la laboral, ya ha tenido efectos. Ante la perspectiva de una involución que minará la flexibilidad del mercado laboral, numerosas empresas se ven forzadas a precipitar ajustes de plantilla en el inicio del año.
En las grandes firmas, ya son 14.000 los incluidos en expedientes de regulación, según los agentes sociales. Si a ello se suman los despidos en pymes es factible que se supere la cifra de 30.000 afectados sólo en el primer trimestre. Se hace así patente que derogar, o como mínimo desvirtuar, una reforma cuyas líneas maestras el propio Sánchez ha querido (hasta el momento) preservar, implica retrotraer el mercado laboral a los peores años de la crisis. Si a ello se suman otros peligros, como el desboque del gasto publico por el que Podemos aboga, sólo puede concluirse que permitir el acceso de este último partido al Gobierno tendrá un alto coste, capaz de truncar la recuperación de la economía española, al tiempo que borra toda su credibilidad.
