El impuesto sobre grandes superficies comerciales que rige en varias autonomías plantea dudas al Supremo sobre su legalidad, hasta el punto de que ha impulsado a esta institución a enviar dos consultas al Tribunal de Justicia de la UE.
El Supremo estrecha aún más el cerco en torno a este polémico tributo, después de que, a finales de 2015, suspendiera cautelarmente los pagos (de más de 3 millones) que la Generalitat catalana reclamaba a El Corte Inglés e Hipercor en virtud de la aplicación de este impuesto.
Se trata de un gravamen ya puesto en cuestión por la Comisión Europea, autoridad que incluso abrió investigaciones. El inicio de ese proceso disuadió a tres autonomías (Canarias, La Rioja y Navarra) de aplicarlo. Otras tres (junto a Cataluña, Asturias y Aragón) siguieron adelante, pese a la amenaza de que la UE acabara obligando a eliminar el impuesto.
Ese riesgo es ahora más real, puesto que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, previsiblemente contraria, puede llegar en cuestión de meses. No en vano el tributo carece de justificación, en la medida en que no existe prueba académica o empírica que demuestre que los comercios pequeños o especializados, por el mero hecho de serlo, tienen menor impacto ambiental y urbanístico.
Se trata de una discriminación arbitraria, hasta el punto de que Bruselas considera que camufla una ayuda de Estado encubierta al pequeño comercio. Se puede dar así la paradoja de que los supuestos beneficiarios del impuesto sean sus grandes perjudicados, si finalmente tienen que contribuir a la devolución de esa presunta ayuda. Por ello, urge retirar un gravamen injusto, cuya verdadera finalidad parece ser buscar atajos para elevar la recaudación.