El pasado fue un año para olvidar en lo que respecta al negocio en nuestro país de las principales constructoras españolas. Pese a que el crecimiento del PIB batió marcas, con un avance del 3,2% interanual, la facturación de los cinco grandes derivada de su actividad en nuestro territorio, descendió un 11,4% interanual. Así, sumó 4.838 millones, el equivalente a la quinta parte del negocio alcanzado en 2007.
Si la crisis se prolonga para este sector, se debe a la parálisis que todavía muestra la edificación residencial, que sigue sufriendo las secuelas del estallido de la burbuja inmobiliaria, y, sobre todo, al severo ajuste que aún arrastran las licitaciones del sector público. Sería ingenuo pensar que la situación tiene visos de mejorar en el corto plazo.
La demora en la formación de un nuevo Gobierno, que puede extenderse hasta septiembre si hay elecciones en junio, necesariamente paraliza las licitaciones. Las constructoras españolas lo saben y están lejos de haberse quedado quietas. La internacionalización que tanto potenciaron durante la crisis las ha convertido en líderes globales y, al cierre de 2015, sumaban 72.457 millones en proyectos en el exterior. También se han defendido reorientando su actividad en España, hacia ámbitos como los servicios medioambientales.
Ese hecho no debe ocultar la circunstancia de que la actual parálisis en infraestructuras no es beneficiosa. Los expertos estiman que nuestro país necesitaría invertir 38.000 millones al año para paliar el retraso acumulado durante la crisis. Aún está pendiente una verdadera recuperación de un sector clave como la construcción que, sin incurrir en excesos pasados y sin poner en peligro la estabilidad presupuestaria, impulse la economía.
