El sistemático abandono de Cataluña por parte de empresas radicadas en ese territorio constituye un fenómeno bien conocido de los últimos años. De hecho, fueron 352 las firmas que se marcharon a otras partes de España, Madrid especialmente; casi una al día en 2015.
Dada la importancia de esta tendencia, la revista Catalunya de elEconomista sigue mensualmente su evolución de forma objetiva, ya que cuantifica también los desembarcos de sociedades en Cataluña, a la vez que pondera el tamaño de las firmas que toman el puente aéreo con uno u otro destino.
Bajo estas premisas, los datos computados ya en febrero son contundentes: un total de 30 empresas abandonaron el territorio catalán con destino a Madrid, frente a sólo siete que hicieron el camino inverso. Además, las primeras eran notablemente más grandes, con un capital social medio de 0,79 millones, frente a los 0,31 millones propios de las que dejaron atrás la capital de España.
Ante cifras así, la Generalitat debe reflexionar sobre lo erróneo de la política que impulsa desde hace años, y que la CUP quiere ahondar, basada en aplicar uno de las mayores presiones fiscales de Occidente; justo lo contrario de lo que Madrid hace. Pero también debe verse en este éxodo toda una toma de posición del empresariado catalán frente a la persistente deriva soberanista.
Con frecuencia se ha acusado a los empresarios catalanes de mostrar una postura tibia ante el independentismo. Los manifiestos de las principales patronales previos al 27-S cambiaron esa situación, pero nada como la toma de una decisión tan drástica (un cambio de sede) demuestra hasta qué punto los agentes económicos destinados a crear empleo y riqueza en la región desconfían del soberanismo.
