Esperanza Aguirre presentó ayer su dimisión como presidenta del PP de Madrid. La también portavoz de los populares en el Ayuntamiento toma esa decisión después de que los indicios de financiación ilegal en la división regional que hasta ahora presidía motivaran, la semana pasada, un registro de su sede. Como la misma Aguirre manifestó al comunicar su decisión, no hay ninguna prueba que la señale directamente y nadie puede acusarle de haberse llevado "ni un duro". Ahora bien, resulta innegable que sobre ella recae lo que en Derecho se denomina culpa in vigilando y así lo reconoció al asumir, aunque sea de forma tardía, su "responsabilidad política".
Era su obligación haber estado alerta, con objeto de que prácticas como las que mantienen en la cárcel a su exmano derecha, el antiguo consejero y secretario general del PP madrileño Francisco Granados, se hubieran detectado y atajado. El paso adelante de Aguirre debe conducir a una profunda reflexión interna en su partido, en la medida en que pone en evidencia la actitud totalmente opuesta de otros líderes del partido, en situación idéntica.
Así, la exalcaldesa Rita Barberá se blinda en el Senado, mientras las detenciones obligan a que una gestora dirija el PP valenciano. Pero, sobre todo, debe tomar nota el presidente del partido, Mariano Rajoy. No existen razones que justifiquen su cerril negativa a asumir la más mínima responsabilidad por el "diluvio de corrupción" (en palabras de Aguirre) que ahoga el partido que dirige.
Pero, además, su empecinamiento en evitar la retirada tiene consecuencias más graves, en la medida en que imposibilita el acuerdo con otros partidos que permitiría la formación de un Gobierno estable como España necesita.
