El Supremo causó un gran revuelo al adelantar, sin publicar aún las sentencias completas, que era favorable a que dos inversores participantes en la fallida salida a bolsa de Bankia recuperaran su dinero. Con este posicionamiento, el Alto Tribunal brindaba un espaldarazo decisivo a todas las reclamaciones que se presentaran por la vía civil contra la OPS de la entidad entonces presidida por Rodrigo Rato.
A priori, parecía que se daban las condiciones para que Bankia tuviera que afrontar un alud de demandas, de particulares y de inversores institucionales, abocadas a tener éxito y a desbordar las provisiones que Bankia hizo para afrontar los fallos contrarios en este ámbito.
Sin embargo, la lectura de las sentencias completas demuestra que esa expectativa no se corresponde con la realidad. En efecto, el Supremo hace pivotar su argumentación sobre la "información engañosa" que contenía el folleto de la salida a bolsa y entiende que ese documento era fundamental para que los particulares tomaran decisiones.
En muy diferente situación se encuentran los inversores institucionales y así lo hace constar explícitamente el Tribunal. Nadie puede negar que estos últimos contaban con asesores y gabinetes de análisis capaces de evaluar por sí mismos la índole de la operación a la que estaban siendo arrastrados en virtud del "interés de Estado" que el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero intentó atribuir a esta OPS.
Es cierto que la vía de las reclamaciones para los institucionales no se puede dar por cerrada; de hecho, Bankia reconoce que existen 49 demandas procedentes de estos agentes. Ahora bien, su futuro dependerá de sentencias específicas, mientras que las conocidas ayer suponen un respiro para la entidad.
