Los últimos datos de ejecución presupuestaria muestran un panorama preocupante en las autonomías. Con las cifras hasta noviembre, cabe concluir que nueve de ellas presentaron un déficit público superior al que arrojaban en idéntico periodo de 2014. Resulta complicado encontrar excusas para este deterioro. No cabe achacarlo al sistema de financiación autonómica aún vigente, pues el empeoramiento afecta a seis territorios que se sujetan a él (Cataluña, Valencia, Aragón, Castilla y León, La Rioja y Canarias) pero también a los dos (País Vasco y Navarra) ajenos al régimen común.
Tampoco, puede culparse a la coyuntura económica. El PIB cerró un 2015 en el que creció un 3,2%, una tasa propia del periodo precrisis. Resulta especialmente significativo a este respecto el comportamiento de Madrid, el territorio en el que ese cambio de ciclo más se manifiesta, pues es el principal centro industrial, financiero y de negocios, a lo que se suma su tradición de ser un alumno aplicado en rigor fiscal.
Nada de eso ha impedido que la autonomía presidida por Cristina Cifuentes arroje un déficit del 1,1%, muy por encima de los 0,7 puntos que marcan el límite. Por tanto, a la hora de buscar un culpable del engrosamiento de los números rojos, debe señalarse el ahondamiento de la indisciplina fiscal que fue la norma en las autonomías durante la pasada legislatura.
Ésta se podía haber corregido ejerciendo mayores controles sobre los recursos derivados de los programas de apoyo financiero, como el plan de pago a proveedores, y expedientando a los incumplidores. No se hizo y el problema sigue en pie en un momento en el que España tiene aún pendientes importantes recortes fiscales.
