El afloramiento del caso Acuamed ha vuelto a llamar la atención sobre las malas prácticas en las modificaciones de contratos de obra. El Plan Agua, puesto en marcha en 2004, pretendía sustituir el trasvase del Ebro por la construcción de 15 desaladoras en el Mediterráneo.
Más allá del hecho de que sólo una funcionaba cuando el PP llegó al poder, el descontrol sobre la alteración de las condiciones de construcción ha disparado los sobrecostes y ha sido un caldo de cultivo para la corrupción. En toda contratación pública, pero sobre todo en un sector tan básico como el del agua, urge que las modificaciones de contrato, siempre posibles, se sometan a arbitrajes independientes y se liberen del capricho de las partes interesadas.
