Bankia estudia ya la manera de asimilar el revés que le propinó el Supremo, referente al conflicto judicial motivado por su fallida salida a bolsa en 2011. El Tribunal confirmó dos sentencias que obligan a la entidad a devolver a dos compradores lo invertido en la OPV. La institución respalda así el recurso a la vía civil para que los afectados recuperen su dinero, lo que permite prever un aluvión de demandas en los próximos meses.
En este nuevo escenario, no se puede sostener ya la pretensión de Bankia de dejar paralizados todos los procesos civiles abiertos por accionistas hasta que se dirima la causa penal que se instruye, por la misma OPV, en la Audiencia Nacional. Bankia necesita una nueva hoja de ruta y, por ello, barajará la posibilidad de recurrir a un arbitraje para articular las devoluciones.
Esta opción cuenta con la ventaja, en primer lugar, de abrir un camino ya conocido, puesto que éste fue el método elegido, en 2012, para resarcir a los afectados por las preferentes. Ofrece, además, una vía para aligerar una gran carga de trabajo administrativo y, sobre todo, unos costes que se ven elevados hasta un 30 por ciento cuando las reclamaciones llegan a los tribunales y originan fallos condenatorios, por culpa de las costas y los intereses de demora.
El proceso arbitral estaría destinado a particulares, en un momento en el que los inversores institucionales siguen sin mover ficha (aunque quizá puedan hacerlo instados por los intereses de sus accionistas, tras conocer la posición del Tribunal Supremo). Son todas, por tanto, ventajas de peso que hacen el arbitraje la mejor opción para que Bankia pueda cerrar el conflicto al que le abocó una maniobra política injustificable.
