El proceso judicial abierto con motivo de la salida a bolsa de Bankia en 2011 ha entrado en una nueva fase. El punto de inflexión lo ha marcado el Supremo al considerar que el folleto de la OPV contenía "información engañosa". Bajo esas circunstancias, el Tribunal niega la pretensión de la entidad financiera de paralizar todas las causas civiles abiertas por accionistas hasta que no se dirima la causa penal que, por el mismo asunto, está abierta en la Audiencia Nacional.
En otras palabras, el Supremo dota de un aval incotestable al recurso a la vía civil, siempre más rápida y accesible que la penal, a la hora de reclamar el dinero perdido en la OPV. Con tales expectativas de éxito, es previsible que miles de afectados acudan a los tribunales en los próximos meses.
Es más, resulta también muy factible que los inversores institucionales, que hasta ahora se mantenían al margen, se movilicen por su parte, al no poder desoír la exigencia de sus accionistas de defender sus legítimos intereses. Por tanto, los 3.100 millones de euros captados por Bankia en la salida al parqué son susceptibles de ser demandados, una cifra que supera los 1.800 millones hasta ahora provisionados por BFA-Bankia con este motivo.
El impacto contable final aún está por revelarse, pero la decisión del Tribunal Supremo ya se erige en ejemplo de los resultados a los que conducen las operaciones financieras derivadas de móviles puramente políticos. Detrás de la fusión de Bancaja y Caja Madrid, y de su posterior salida a bolsa, sólo se escondía el nefasto propósito del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de enviar una señal de falsa fortaleza acerca de unas entidades que requerían un rescate, todo con la ayuda cómplice del Banco de España.
