La forma en que discurrió el proceso de concesión de un canal de TDT a Secuoya sólo puede resultar llamativa. El grupo granadino arrastraba una deuda de 2,29 millones con la Agencia Tributaria, cuando el Gobierno, en abril pasado, sacó a concurso nuevas licencias de TDT. Ese hecho debería haberla excluido del proceso, pero Secuoya aprovechó la posibilidad de solicitar una prórroga de pago.
Su obtención exige avales de solvencia y Secuoya no tenía entonces capacidad de tesorería, pero consiguió la prórroga, del mismo modo que, más tarde, recibió el canal televisivo. El proceso es legal pero sorprenden observar la manera en que todos los obstáculos normativos se removieron para que Secuoya lograse su objetivo.
