Enero de 2016 marca la entrada en vigor del último tramo pendiente de la reducción del IRPF que el Gobierno aprobó en 2014. La culminación de la reforma fiscal, sin embargo, no implica para todos los contribuyentes un aligeramiento de sus gravámenes hasta el nivel que presentaban en 2012, el año en el que el Ejecutivo acometió una fuerte subida para enjugar la herencia de un déficit público que rondaba el 10% del PIB.
En concreto, el tramo de renta situado entre los 60.000 y los 175.000 euros anuales tributa aún al 45%, frente al 43-44 del inicio de la pasada legislatura. Más alcance tiene el tipo del 30% (frente al 28 de 2011) del escalón de ingresos que abarca desde los 20.000 hasta los 33.000 euros, ya que afecta a seis millones de asalariados.
En total son siete millones las personas que no han visto totalmente revertida el alza de impuestos, pero sería injusto concluir que no se han beneficiado de las rebajas fiscales. Éstas han sido ambiciosas, hasta el punto de mostrar un ritmo que llevó a Bruselas a llamar la atención al Gobierno.
Ahora bien, las alarmas europeas habrían saltado aún con más urgencia si Hacienda hubiese llegado al extremo de aplicar toda la rebaja pendiente al tramo en el que se encuentra la mayor parte de los asalariados de España, y que resulta clave para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Queda pendiente, por tanto, una rebaja adicional para estos contribuyentes pero debe acometerse sin comprometer los objetivos de reducción del déficit.
