Tras el último Consejo de Ministros de 2015, el presidente Mariano Rajoy, tendió la mano a PSOE y a Ciudadanos para que, siquiera con su abstención, posibiliten un Ejecutivo en minoría con él al frente. Fuentes del Partido Popular señalan que la oferta concreta lanzada al segundo y al cuarto clasificados en las elecciones de diciembre pasa por aceptar cambios en una de las medidas estrella de la pasada legislatura: la reforma laboral.
Los populares, incluso, se muestran dispuestos a sustituirla por la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores,consensuado con las dos fuerzas de la oposición. Nada estaría más fuera de lugar que ver en estos ofrecimientos una desautorización de la reforma.
La iniciativa impulsada por la ministra Fátima Báñez ha tenido un rol fundamental para restañar el mercado de trabajo occidental que más ha sufrido los efectos de la crisis, en proporción a la caída del PIB nacional. Los 600.000 empleos creados sólo en el pasado año avalan la eficacia de la reforma. Ese hecho, con todo, no impide reconocer que aún presenta facetas mejorables, como la persistente dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales, señalada por Ciudadanos e incluso por la Comisión Europea.
Acordar modificaciones en estos aspectos sólo puede suponer una optimización de la reforma, al tiempo que ofrece una oportunidad a Rajoy para sacar a la negociación del "no rotundo" que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, transmitió al presidente en La Moncloa. Un acuerdo de este tipo proporcionaría un periodo de estabilidad a la economía española, siempre que el precio a pagar sea un remozado que no tiene por qué desvirtuar las líneas maestras de la reforma.
