El Tribunal Supremo (TC) ha decidido la suspensión cautelar de los pagos (más de 3 millones) que la Generalitat de Cataluña reclamaba a El Corte Inglés e Hipercor, en virtud de la aplicación del impuesto sobre grandes superficies comerciales que rige en esa autonomía. Se trata de un gravamen puesto en cuestión por la Comisión Europea, hasta el punto de haberlo sometido a investigaciones.
La apertura de ese procedimiento ya disuadió a tres comunidades autónomas (Canarias, La Rioja y Navarra) de aplicarlo. Otras tres (junto a Cataluña, Asturias y Aragón) han seguido adelante, arriesgándose a que las autoridades europeas manden eliminar el impuesto e incluso puedan imponer sanciones derivadas de su aplicación.
Resulta acertada, por tanto, la cautela del Supremo en su decisión, al suspender unos pagos cuestionados y que tienen visos de que tendrán que devolverse, tal y como ya han advertido otras autoridades, entre ellas el Ministerio de Economía. No en vano el tributo carece de justificación, en la medida en que no existe ningún prueba académica o empírica que demuestre que los comercios pequeños o especializados, por el mero hecho de serlo, tienen un menor impacto tanto medioambiental como urbanístico.
Se trata de una discriminación arbitraria, hasta el punto de que Bruselas considera que puede ser una ayuda de Estado encubierta al pequeño comercio. En otras palabras, se puede dar la paradoja de que los supuestos beneficiarios del impuesto sean sus grandes perjudicados, si finalmente tienen que contribuir a la devolución de esa supuesta ayuda. Por ello, urge retirar un gravamen injusto, sin esperar al previsible fallo europeo sobre su ilegalidad.
