Pese a la recuperación económica, las autonomías cerrarán la legislatura como la empezaron. Al igual que en el apogeo de la crisis, las regiones mantienen aún una honda dependencia con respecto a los mecanismos extraordinarios de inyección de liquidez habilitados por el Estado. Como resultado se han desembolsado 180.000 millones hasta 2015 a través del Fondo de Pago a Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Fondo Social.
Son instrumentos creados en un contexto económico excepcional, en los años de caída del PIB, que, sin embargo van camino de perpetuarse, pese a sus preocupantes efectos colaterales. No en vano, este año el incumplimiento de los topes de déficit volverá a ser la norma de los Gobiernos regionales.
Mientras, el funcionamiento de servicios básicos en Cataluña, la autonomía más beneficiada por la liquidez excepcional, es una cuestión de fe. Por ello, el secretario de Economía de la Generalitat, Albert Carreras, insta a los farmacéuticos a encender velas piadosas para cobrar. Es un escenario chocante, considerando las crecientes facilidades financieras que el Gobierno ha puesto al servicio de las autonomías.
Después de anular los intereses que les cobraba en los préstamos del Estado, llegó al extremo de mutualizar la deuda que emiten, asumiendo el coste de su pasivo en los mercados internacionales. El despliegue de esos sucesivos gestos se ha visto acompañado, sin embargo, de una creciente indisciplina fiscal por parte de algunos Gobiernos autonómicos. Hacienda ha cometido el grave error de mostrar una excesiva permisividad ante la que ahora empieza a replegar velas, evidenciando la urgencia de acometer la reforma de la financiación autonómica.