Los mínimos en los que aún se encuentra sumido el crudo obligan a las petroleras a emprender desinversiones que están alterando de raíz el mapa accionarial de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). El gestor de los oleductos españoles ha visto cómo Repsol vendía el 10% que le quedaba en CLH y Cepsa seguirá sus pasos, desprendiéndose del 9,15% que posee. La salida de los socios industriales inclina la balanza en favor de los accionistas puramente financieros, los cuales, muy probablemente, se verán reforzados por la entrada de nuevos fondos en sustitución de Repsol y Cepsa.
No en vano CLH cuenta con un fuerte atractivo para estos inversores, ya que se sitúa en el prometedor sector de las infraestructuras, reparte como dividendo casi todo su beneficio y se está expandiendo internacionalmente. Cambios accionariales de esta índole pueden afectar a una compañía que opera en el sector energético con un estatus muy particular. De hecho, no se sujeta a tarifas reguladas; deriva sus ingresos de los alquileres de sus oleoductos, acordados con los operadores de las gasolineras.
Es posible que la mayoría de socios financieros en CLH se sienta tentada de subir esos alquileres y el coste repercuta en el cliente final. Con todo, esa hipótesis no basta para justificar que Industria busque introducir tarifas fijadas en el operador, invocando la protección del consumidor frente a posibles alzas de la gasolina. Existen otros medios para proteger a este último, en caso de encarecimientos injustificados, como puede ser la imposición de multas, una vez que se demuestren los abusos. Lo que no es razonable es dar pasos atrás en la liberalización llevada a cabo en el gestor de oleoductos