Un grave conflicto se ha desatado entre Hacienda y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). No cabe desdeñar la magnitud del contencioso como ayer intentó el ministro Cristóbal Montoro, achacándolo al supuesto afán del organismo presidido por José Luis Escrivá de "crear problemas donde no los hay".
Lejos de tratarse de una elucubración, la AIReF está en condiciones de aportar pruebas, ante la Audiencia Nacional, sobre la manera en que Hacienda socava su labor supervisora. No es otro el propósito del Ministerio cuando priva a la Autoridad de canales autonómos a través de los que obtener datos de las diferentes administraciones, de modo que toda la información pase por el filtro del Gobierno. Un efecto igualmente pernicioso provoca la manera en que se le escatiman los medios más básicos a este supervisor al dotarlo de una escuálida de plantilla de 35 técnicos, cuando su funcionamiento óptimo exigiría no menos de 70.
No es casualidad que la escasez de efectivos deteriore precisamente el control sobre los municipios y, en especial, sobre las autonomías, ya que sólo existe un facultativo por cada región. Muy al contrario, existen indicios de que se trata de una táctica premeditada de Hacienda, conocedora como es de que allí se encuentra el nivel administrativo en el que ha sido tolerada, cuando no fomentada, una indisciplina sistemática a la hora de cumplir con los objetivos de déficit.
En su corta vida (iniciada en 2013 por iniciativa de Bruselas), la AIReF se ha distinguido por la denuncia de tan intolerable situación y todo apunta a que Hacienda, de forma solapada, está dando los pasos para dejar amordazado a su incómodo fiscalizador.