El presidente de Zinkia, José María Castillejo, se libra de nuevo de la subasta de un 33% de las acciones que tiene en la empresa, y que respaldan un crédito propiedad del segundo accionista de la productora. Sorprende el prolongado éxito que Castillejo cosecha en su plan de conservar Zinkia bajo su control, ya que es la tercera vez que paraliza la ejecución.
Para ello, recurre a maniobras controvertidas, al límite de la legalidad, pero cuya aceptación por parte del Juzgado frustra el legítimo propósito de ejecutar las garantías de un crédito por el que se adeudan casi 20 millones, sumando los intereses pendientes. Esta falta de resolución genera una inseguridad jurídica perjudicial para todo inversor que acuda a rescatar empresas en dificultades.