El impacto total del escándalo derivado del trucaje de los motores diésel de Volkswagen (VW) aún está por manifestarse. En nuestro país, los datos más recientes de ventas sólo alcanzan a los 10 primeros días de octubre y es cierto que en ellos ya se observa un efecto sobre las ventas de Seat, la filial española de VW, con un descenso del 24% respecto al mes anterior.
Ahora bien, conviene todavía ser cautos, debido a la necesidad de una mayor perspectiva, y al hecho de que el escándalo, pese a su innegable alcance, no compromete la seguridad de los automóviles que montan el programa informático que camufla las emisiones contaminantes.
Sin embargo, VW incurriría en un profundo error si descuidara alguno de los múltiples frentes que, más allá de las ventas, el escándalo ha abierto. Uno de los más activos será el judicial, como demuestra el fiscal de la Audiencia Nacional, quien ya acusa a la marca de fraude, al propiciar que sus coches trucados fueran adquiridos beneficiándose de las ayudas del Plan Pive, destinado a fomentar la reducción de emisiones.
Si se demuestra el delito, VW deberá devolver las ayudas recibidas (100 millones) más una multa, lo que implicará muntiplicar por seis esa cuantía. Además, los responsables de la marca en España podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel. Por tanto, VW debe tomarse en serio la amenaza que supone este movimiento de la Fiscalía; es muy previsible que ahora no basten las aclaraciones técnicas con las que, a principios de este mes, se defendió de las palabras del ministro Soria, que ya apuntaban a una reclamación de las ayudas del Pive. En este escenario, la marca debe mostrarse transparente y colaborar con las investigaciones.
