El recálculo al que Estadística sometió a las cifras del PIB español ha tenido varios efectos sorpresivos. Además de revelar que la recesión sufrida en el apogeo de la crisis fue más honda de lo inicialmente calibrado, también ha alterado los niveles de deuda pública. De acuerdo con los nuevos parámetros, que los expertos del Banco de España ya aplican, el pasivo de las Administraciones se situaba, a finales del segundo trimestre, en el 99,5 por ciento del PIB; en otras palabras, seis meses bastaron para que el sector público supere en ocho décimas (8.000 millones) el tope que Hacienda fijó para todo 2015.
Se manifiesta una vez más, de este modo, una tendencia predominante durante toda la crisis, que ha hecho que el apalancamiento público siga el camino completamente opuesto al propio del sector privado y no haya dejado de engrosarse. Para alimentar tan dispar comportamiento, ha sido decisiva la contribución de fórmulas propiciadas por el Estado en beneficio de las autonomías, desde los préstamos a interés cero hasta la mutualización de las emisiones de bonos de las regiones.
No en vano, el nuevo cálculo de la deuda delata que el pasivo de Cataluña es superior en 1.000 millones a lo estimado hasta ahora o que la Comunidad Valenciana arrastra un lastre del 40,3%. Factores como la acusada reducción de la prima de riesgo han propiciado que el mayor apalancamiento público no haya tenido, hasta ahora, efectos desestabilizadores. Pero no puede garantizarse que en el futuro perduren esas fuerzas, dado el actual escenario de incertidumbre a escala global, por lo que el exceso de deuda pública es un problema latente que exige soluciones.
