Desde el regreso de las vacaciones, numerosos organismos, entre ellos Funcas o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), alertan sobre el serio riesgo de desviación en el cumplimiento del objetivo de déficit público para 2015. Frente al 4,2% del PIB comprometido ante Bruselas, España, según los expertos, enfila hacia los 5 puntos, lo que le convertiría en el país del euro con mayor desequilibrio fiscal.
Los últimos datos de Hacienda revelan hasta qué punto los temores son ciertos: los primeros siete meses del año han bastado para que el déficit del conjunto de las autonomías se dispare hasta el 0,73%, ya tres centésimas por encima del límite que Hacienda les exige para todo 2015. En absoluto cabe esperar una mejora en los próximos meses, ya que es en el cierre del ejercicio cuando las Administraciones concentran la mayor parte de sus gastos.
Si al desfase autonómico, se suma un déficit de la Seguridad Social que rondará el 1%, imposible de enjugar dada la baja calidad del empleo que la economía crea, el camino hacia el incumplimiento del déficit estaría allanado. La única esperanza, y así lo reconoce Hacienda, estriba en que el superávit de las entidades locales y el buen ritmo de reducción de los números rojos del Estado compensen.
Pero con esa estrategia el Gobierno evita, de nuevo, abordar el problema medular, que es ejercer un verdadero control del desembolso de las Administraciones. Muy al contrario, lo ha fomentado, especialmente en el caso autonómico, mutualizando sus emisiones de deuda o renovando ad infinitum los planes de pago a proveedores. Como resultado, la legislatura termina sin haber acometido el necesario ajuste del gasto público.
