A sólo tres días de las elecciones catalanas, continúan abiertos dos caminos que suponen desenlaces radicalmente diferentes para el futuro de Cataluña. Por un lado, las fuerzas independentistas todavía blanden una hipotética mayoría absoluta (de votos o de escaños, sin aclarar cuál juzgan más legítima) como el mejor aval para una secesión declarada unilateralmente.
Son múltiples las voces, especialmente desde el mundo económico, que se han alzado para advertir de los riesgos de transitar esa vía, que equivale a salir del euro. No es el menor de ellos el perjuicio que sufriría el sector exterior de una economía tan internacionalizada como la catalana. La pérdida de competitividad que supondrían unas exportaciones lastradas por los aranceles, en especial la Tarifa Exterior Común, y por los costes administrativos, provocaría una reducción del 20% en el PIB del recién nacido Estado.
No en vano las ventas al resto de España caerían un 50% y más de un 10% con respecto a la Unión Europea. Pero el escenario de la secesión unilateral no es el único posible tras el 27-S. La opción de esquivar un desenlace radical resulta aún tan real que sólo el 28% de los 1.100 analistas acreditados por Efpa prevén, en una encuesta elaborada para elEconomista, que la prima de riesgo española, situada ahora en el muy manejable nivel de los 137 puntos, se dispare en el último trimestre del año. La confianza de los expertos no tiene por qué verse traicionada si el Gobierno que surja de la noche electoral del domingo se abre al diálogo, y se abordan, también desde Madrid, con seriedad temas como un nuevo modelo de financiación autonómica. El indudable perjuicio de la secesión, para Cataluña y España, es evitable.
