El alcance del escándalo relacionado con el trucaje de motores diésel por parte de Volkswagen (VW) supera todas las previsiones. No en vano la marca reconoce ahora que el fraude no se limita a los 500.000 vehículos señalados por las autoridades medioambientales de EEUU. Muy al contrario, son 11 millones los automóviles que, a escala mundial, tienen incorporado el programa informático que detecta cuándo son sometidos a pruebas para detectar su nivel de emisiones de humos, y altera el funcionamiento normal del motor con objeto de pasar el examen.
Ante la envergadura de las cifras, y lo sofisticado del trucaje, es comprensible que Bruselas sospeche que el engaño necesariamente tiene que afectar también a Europa y que no tiene por qué concentrarse sólo en VW. Por ello, la Comisión insta a los Estados miembros a que desarrollen investigaciones en profundidad, que afectarán a todas las marcas. Otra posición resultaría incoherente con la dureza que Bruselas ha desplegado en la nueva normativa sobre motores diésel. De hecho, la disposición, llamada Euro 6, entró en vigor este mes y ha reducido a la mitad, con respecto a la anterior disposición, el nivel de emisiones permitido para los automóviles alimentados por gasóleo.
El enorme error de VW al jugar sucio para esquivar legislaciones como ésa no sólo repercute ya sobre la firma de Wolfsburgo, que sufre una caída en bolsa del 34,7% en dos días y se enfrenta a multas millonarias; ahora, toda una industria vital se encuentra marcada. Resulta urgente que Volkswagen depure responsabilidades y que el conjunto del sector recupere su credibilidad para no añadir más riesgos a una recuperación que, en Europa, aún es lenta.
