Cuando aún resuenan los ecos del contundente comunicado hecho público, la semana pasada, por el sector bancario, continúan sucediéndose los pronunciamientos críticos del mundo económico español sobre la deriva soberanista catalana. Ayer, se sumaron el presidente de Telefónica, César Alierta, quien calificó de "inviable" la secesión, mientras que los responsables de dos empresas de Cataluña, Almirall y Pronovias, aseguraban que, si se produce, abandonarán ese territorio.
Resultaría ingenuo interpretar estos movimientos, y los anteriormente protagonizados por otras firmas y patronales, como una reacción completamente espontánea. A nadie debe escandalizar que el Gobierno propicie, de una manera más o menos directa, estas manifestaciones tanto en España como en el exterior. Una hipotética declaración unilateral de independencia es un desafío planteado a toda una sociedad, uno de cuyos pilares básicos lo conforman los bancos y las empresas.
Es lícito apelarles para que tomen posición. Lo mismo hizo el primer ministro Cameron, cuando se aseguró de que su visita a Escocia, tres semanas antes del referéndum de hace un año, estuviera precedido por la publicación de un manifiesto contra la secesión firmado por 130 empresarios. Sin embargo, lo que sí cabe reprochar al Gobierno es su tardanza.
Mientras el independentismo buscaba, desde el inicio, numerosos y mediáticos apoyos, el Ejecutivo central minusvaloró, durante toda una legislatura, esa corriente y se inhibió de fomentar la implicación de la sociedad civil. Ahora, sólo queda confiar en que el paso dado no llegue con demasiada demora y consiga que no sólo se movilicen quienes ya estaban convencidos de los perjuicios de la independencia.
