Una Cataluña que se declarase independiente y que, por tanto, quedara fuera del euro y de la Unión Europea, sólo puede suponer el surgimiento de un medio ambiente plenamente hostil a la supervivencia misma de los bancos que tuvieran allí situado su centro de operaciones. Si entidades como La Caixa y Sabadell se verían obligadas a trasladar su sede (aunque conservaran las sucursales) se debe, primordialmente, a que permanecer en ese territorio equivale, en primer lugar, a desconectarse de la financiación del BCE, lo que implica quedarse sin liquidez.
No menos insostenible resulta la circunstancia de que, en una Cataluña separada, resulta imposible proteger los depósitos de los clientes, al no gozar ya de la cobertura del Fondo de Garantía. Existen precedentes que demuestran cómo la banca no puede permitirse correr esos riesgos. Ante la victoria del Partido Quebequés en 1976, cuyo programa preveía la convocatoria de un referéndum separatista (celebrado 4 años después), los principales bancos canadienses trasladaron sus sedes de Montreal a Toronto.
Resultaría excesivo afirmar que un escenario parecido es inminente en Cataluña. Sin embargo, sólo el hecho de que se pueda plantear la posibilidad de un exilio forzado de la banca catalana, justifica un comunicado tan contundente como el que, la semana pasada, divulgaron la AEB y la CECA. Es un escenario de graves consecuencias ante el que la Generalitat y Moncloa deben trabajar, tras las elecciones de este domingo, por que no se materialice.
