El Ayuntamiento de Valencia (gobernado por las fuerzas de izquierda Compromís, los socialistas valencianos y València en Comú) está a punto de desplegar toda una batería de alzas fiscales con dos líneas maestras muy claras. Por un lado, el consistorio vuelve a poner su punto de mira sobre las grandes superficies; éstas no sólo verán limitados sus horarios y días de apertura, sino que también tendrán que afrontar una subida del IBI, que afectará igualmente a locales de alto valor dedicados al ocio y la hostelería.
En segundo lugar, los afectados son los bancos: la ciudad del Turia aumentará un 33% la tasa que abonan los cajeros automáticos que las entidades financieras tienen en la calle. Este movimiento dista de ser un hecho aislado; muy al contrario, las subidas de impuestos comienzan a convertirse en tendencia, con honrosas, excepciones, entre los gobiernos surgidos tras las elecciones de mayo, no sólo municipales sino también autonómicos. No se explica de otra forma que las cinco grandes cadenas hoteleras españolas tengan que formar un frente común para combatir las tasas al turismo que planean aplicar los Ejecutivos de Baleares y de la Comunidad Valenciana.
Unos gravámenes de ese tipo delatan la intención de exprimir los buenos resultados que experimenta un sector económico clave, cerrando los ojos interesadamente al hecho de que esas mismas medidas pueden acabar truncándolos. Pero, por encima del impacto turístico, queda en evidencia que los nuevos Gobiernos de izquierdas carecen de toda propuesta para solucionar sus, a menudo, críticas situaciones fiscales, más allá de las ineficientes y, a la larga, contraproducentes subidas de impuestos.
