El Gobierno brasileño reacciona ante la difícil situación de su economía, con el PIB en recesión, alto déficit y su deuda soberana considerada bono basura. Lo hace mediante un plan de recorte del gasto y de alzas impositivas que, en primer lugar, demuestra arrojo por parte de su ministro Joaquim Levy. El titular de Hacienda no se ha echado atrás ante la expectativa de tener que someter la gran mayoría de las medidas a un Congreso que es hostil al Gobierno al que pertenece.
De hecho, sólo la iniciativa de reducir el número de ministerios de 39 a 29 se librará del escrutinio del Legislativo. Las demás necesitarán el apoyo de, al menos, 308 parlamentarios para salir adelante y entre ellas hay propuestas tan espinosas como congelar los salarios de los funcionarios o reimplantar el impuesto que grava las transacciones financieras, eliminado en 2007.
Pero Levy también ha llegado al extremo de recortar una de las medidas estrella que desplegó su jefa de filas, la presidenta Rousseff, como es el programa Mi casa, mi vida, diseñado para que las familias pobres accedan a una vivienda, Sus fondos mermarán un 30% en un momento crítico, en el que el país no puede permitirse ahondar el viraje a la izquierda que la jefa de Estado dio a sus políticas, alejándose del perfil más socialdemócrata que caracterizó a su predecesor, Inazio Lula da Silva.
Muy al contrario, Brasil necesita pasos en la dirección que ha marcado Levy, los cuales recuerdan a los que el Gobierno español tuvo que dar en 2012, también ante un momento económico límite. El alcance real del programa del ministro está por demostrarse, y quizá se quede corto, pero Brasil sigue el camino correcto al reconocer la honda crisis que cerca a las economías emergentes y darle respuestas.
