El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, volvió ayer a poner sobre la mesa la posibilidad de que Cataluña (y todas las demás autonomías ligadas al régimen fiscal común) gestionen íntegramente los ingresos derivados del IRPF, y no sólo el 50% como ahora establece la ley. El debate sobre esa cesión en absoluto es nuevo. Muy al contrario, ya era una de las líneas maestras del programa de propuestas con las que el president Artur Mas se presentó en La Moncloa en septiembre de 2012.
Su rechazó motivó el adelanto de las elecciones autonómicas a noviembre de ese mismo año. Cinco meses después, la posibilidad de ceder totalmente el Impuesto de la Renta reapareció, curiosamente también por boca de García-Margallo, para volver a quedar enterrada poco después. Estos vaivenes han impedido un análisis serio de una propuesta que, sin duda, contribuiría a paliar la reconocida ineficiencia que arrastra el actual, y aún pendiente de reforma, sistema de financiación autonómica. No en vano el extra de recursos que recibirían las autonomías puede llegar a los 30.000 millones al año. Sin embargo, el planteamiento corre el riesgo de quedar totalmente desacreditado debido al manejo de plazos que hace el Gobierno.
Las palabras de García-Margallo, a las que sumó una propuesta de reforma de la Carta Magna, llegaron pocas horas antes de la Diada y del inicio de la campaña para unas elecciones autonómicas que se celebrarán en dos semanas, en las que, según el CIS, los independentistas obtendrían mayoría absoluta. Una vez más, tal y como ocurrió con la reforma del Constitucional, y a pesar de sus aciertos en otros momentos a la hora de manejar la cuestión catalana, el Gobierno ha actuado a destiempo.