Una quinta parte del nutrido entramado de empresas autonómicas y municipales se encuentra en Andalucía. Esa cuantiosa presencia no se explica sólo por el tamaño geográfico y poblacional de la autonomía. También debe mucho al afán de sus políticos por mantener en pie una compleja estructura clientelista y de poder, aun cuando sea ruinosa.
La mejor prueba son los 177 millones inyectados por la Junta en dos años para mantener a flote Canal Sur. Desembolsos como ése suponen un despilfarro en la autonomía que, desde hace décadas, es la más beneficiada por las aportaciones fiscales (8.531 millones en 2012) procedentes de otras autonomías. Máxime cuando sus niveles de paro y de formación aún se hallan entre los peores de toda la UE.
