Dos autonomías absorben más de la mitad de los recursos destinados por Hacienda al plan de pago a proveedores. Hasta agosto, el Gobierno puso en circulación 7.785 millones; de ellos, 2.700 fueron a parar a la Comunidad Valenciana, mientras que Cataluña se benefició de 1.476 millones. Ambas acaparan así un programa de ayuda, que se reeditará aún en 2016, y cuyo efecto real salta a la vista.
Tras cuatro años de vigencia, en absoluto se ha conseguido que las autonomías afronten por sí solas sus obligaciones con proveedores. Muy al contrario, Hacienda ha permitido que dos territorios se aferren a esta financiación como la única vía de acometer sus pagos, mientras se permiten ser incumplidoras sistemáticas de la disciplina fiscal que el Gobierno les exige.
