Antes de la crisis, España era uno de los alumnos aventajados en el cumplimiento del Pacto de Estabilidad en lo que a su nivel de deuda pública se refiere. En esa misma época, el pasivo privado se disparaba y su necesidad de financiarlo fue una de las causas que engordaron el déficit por cuenta corriente del país hasta situarlo en el 10% del PIB. La crisis cambió radicalmente la situación y lo demuestra el hecho de que, según el Banco de España, el pasivo de las Administraciones (teniendo en cuenta su volumen total, no sólo el que Bruselas contabiliza) superará este año el 140% de nuestra producción; mientras, el perteneciente a empresas y familias puede caer, al cierre del ejercicio, hasta el 150%.
Esta última evolución es el fruto de un importante ajuste: las empresas han reducido su endeudamiento un 25,2% desde 2009, mientras que las familias lo han hecho un 17,6% desde ese mismo año. Dicho esfuerzo se echa de menos en el sector público. Muy al contrario, lejos de atajar el incremento incluso se ha visto fomentado en determinados niveles de la Administración. Fórmulas propiciadas por el Estado para las comunidades autonómas, desde el préstamo de dinero a interés cero hasta la mutualización de las emisiones de bonos de las regiones, han fomentado el avance de esta partida.
La reducción de la prima de riesgo y el aumento del PIB (el denominador sobre el que se mide el pasivo) han permitido que ese incremento no tenga efectos desestabilizadores. Pero no puede garantizarse que en el futuro perduren esos factores, por lo que el exceso de deuda pública es un problema latente que exige soluciones.
