El Gobierno inauguraba, en 2011, su legislatura tomando una decisión que no sólo atentaba contra su programa electoral, sino contra su ideario liberal mismo. El Ejecutivo acometió una agresiva subida de impuestos que, según la Agencia Tributaria, ha tenido un impacto sobre la recaudación de 23.259 millones. Una medida tan drástica podía justificarse por la situación límite creada durante el anterior mandato socialista, que se resumía en una economía en recesión, un déficit público cercano al 10% y, en suma, un país que parecía abocado a pedir un rescate.
La subida de impuestos era excepcional, de acuerdo con el Gobierno, y se revertiría a medida que España se alejara del peligro. El proceso no empezó hasta este año y, de momento, su impacto es limitado: las rebajas en el IRPF y en las rentas derivadas del ahorro supondrán devolver 9.000 millones a los contribuyentes. Por tanto, Hacienda no ha compensado ni la mitad del incremento impositivo con el que inauguró su mandato. Es más, un tramo de renta tan nutrido como el que discurre entre 20.000 y 33.000 euros anuales todavía se somete a un gravamen superior al vigente en 2011.
Teniendo en cuenta la envergadura de la tarea aún por hacer, los nuevos Presupuestos deberían haber apostado con más ambición por las rebajas fiscales, en vez de limitarse a recoger el adelanto a julio de la reducción de tipos del IRPF y a dar pie al ministro Cristóbal Montoro para hacer vagas promesas. Las nuevas cuentas son realistas y respetuosas con los objetivos de déficit, pero, en un año en el que el Estado tendrá superávit primario, lo deseable habría sido usar ese excedente de recursos para propiciar una nueva rebaja de impuestos que impulse la recuperación y ayude a crear empleo.
