El Gobierno cierra la legislatura con unos Presupuestos elaborados bajo circunstancias inimaginables al inicio de su mandato. Como destaca el ministro Cristóbal Montoro, en 2016 coincidirán "el crecimiento, la mejora de la demanda interna y la capacidad de financiación con el exterior". Pero lo que mejor define la nueva situación es el superávit primario (descontando el pago de intereses de la deuda), del 0,35% del PIB, que el Estado volverá a presentar, circunstancia que no se daba desde 2007.
Es el fruto de una mejoría económica patente que permite dar por razonables las previsiones del Ejecutivo de un avance de la recaudación del 6,2% en un año en el que la economía aún crecerá un 3% y el paro descenderá al 19,7%. El Gobierno decide aprovechar el cambio de ciclo para, en año electoral, elevar el gasto social y hacer dos guiños.
Por un lado, los funcionarios se beneficiarán de un aumento de sueldo del 1%, la recuperación de la parte aún pendiente de la paga extra de 2012 y de los días moscosos. Por otro, las autonomías recibirán una dotación adicional de 10.370 millones que, en la práctica, compensa la no aplicación de los déficit a la carta.
Gracias a la mejoría económica, ninguno de estos gestos compromete la estabilidad de las cuentas públicas. Pero habría sido deseable que el Gobierno destinara a otros fines el colchón proporcionado por el superávit primario, máxime cuando la inversión en infraestructuras e I+D sólo crece un 0,1% y un 2,2%; fines como acometer una nueva rebaja de impuestos (relegada a la próxima legislatura) que reforzarían el despertar económico, la creación de empleo y darían ocupación a los más de cuatro millones de parados.